El futuro de nuestras universidades

Ninguna sociedad contemporánea podrá garantizar el bienestar generalizado de sus poblaciones sin tener universidades públicas potentes. Esto es así, porque el proyecto de educación superior que se tiene en un país determinado, no es sino el reflejo de sus aspiraciones, no solo científico-tecnológicas, sino también éticas y espirituales, en el sentido constitucional mexicano de ese término, plasmado en el artículo 3º.

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Las universidades públicas son, desde esa perspectiva, reflejo de la magnitud del esfuerzo que el Estado realiza para garantizar, además de las funciones sustantivas de enseñanza, investigación, creación y difusión cultural y de extensión universitaria, la inclusión y la movilidad social, así como la capacidad de incidencia permanente en la mejoría de las condiciones económicas, políticas y sociales.

Aunque pueda parecer paradójico, las universidades públicas son espacios donde la reflexión y el pensamiento libre constituyen un dique de crítica permanente hacia las autoridades y el ejercicio del poder. Por eso, perteneciendo al Estado, pueden ser su espejo y también el espacio de crítica y propuesta para su permanente reforma, y en casos extremos, para resistir y ayudar a la población a resistir los embates del poder y las pretensiones y pulsiones autoritarias.

Por eso es tan emblemática la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el escenario y lo que podría denominarse desde la teoría sociológica, en el ethos nacional. Porque el movimiento de 1968 fue un parteaguas sin el cual no podrían entenderse las diversas transiciones mexicanas, así como los procesos de alternancia política y cambio social.

Después de 30 años, hoy tenemos a un titular del Ejecutivo Federal egresado de la UNAM (el último había sido Carlos Salinas de Gortari). Y pase lo que pase el 2 de junio de este año, habrá una presidenta también egresada de nuestras aulas. Motivo más que válido para preguntarnos como sociedad cuál es la visión que ambas tienen, no sólo de nuestra máxima casa de estudios, sino, ante todo, cuál es su visión respecto del sistema educativo nacional y del sistema nacional de investigación científica.

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En ese contexto la pregunta se relaciona con lo que se hizo en esta administración y cuyos resultados se suman a la lista de los grandes fracasos que tendrá este gobierno, en las llamadas “Universidades Benito Juárez”. De ganar, ¿cuál es la propuesta de las candidatas de Morena y de la alianza opositora? ¿continuarán con ese modelo, o apostarán por fortalecer lo construido históricamente en el sistema nacional de educación superior? Esto considerando además que se tiene una nueva legislación nacional en la materia y que también hubo reformas legislativas e institucionales de gran calado en el sistema de investigación en humanidades, ciencia y tecnología.

¿Cuáles son los horizontes que tenemos para nuestras universidades en un mundo marcado por las desigualdades, la pobreza, la crisis climática, la criminalidad y la violencia extremas generados por la delincuencia trasnacional, por la crisis de las democracias y por la irrupción de cada vez más tecnologías que facilitan el procesamiento de datos, pero que poca o nula claridad ética aportan a nuestras sociedades?

¿Cómo articular y potenciar a un sistema que pareciera ahora estar fragmentado, desarticulado y sin una estrategia que se perciba como posible de implementarse en el corto plazo para superar los grandes problemas que se enfrentan? Y eso parte desde lo financiero, lo laboral y lo administrativo, que es fundamental para potenciar lo otro, es decir, la labor sustantiva de las universidades como generadoras de saberes y como salvaguardas y espacios de creación y recreación de nuestra cultura.

Es esperable que, en los meses por venir, una vez que haya la posibilidad legal de plantear propuestas, escuchemos de las candidatas cómo habrán de cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación de todas las personas, y con especial énfasis en la educación superior, que es, junto con el preescolar, el sistema de cobertura más baja en el país.

En ese sentido será importante que expliquen cómo van a hacer para contar con más recursos para incrementar el financiamiento a las instituciones de educación superior; cómo el Estado fortalecerá la capacidad de rectoría efectiva sobre la investigación y la creación científica; y también cuáles son las condiciones de garantía al respeto de la autonomía de las Universidades, construyendo un nuevo diálogo respetuoso de la pluralidad de pensamiento y visiones de mundo; así como dando el impulso que se requiere desde la autoridad estatal es estas instituciones clave para el desarrollo nacional.

En varios “ránkings” internacionales, sólo nuestra UNAM sigue apareciendo entre los primeros 100 lugares entre las universidades del mundo. Sin conceder que esos sistemas de medición sean del todo objetivos, y menos que deben ser el faro guía de nuestra política en la materia, sí es importante pensar cómo lograr que, por su desarrollo, al menos 10 más de nuestras universidades estatales se aproximen a ese lugar.

México tiene enormes problemas, pero también hay soluciones a la vista, que son técnicamente y operativamente viables, pero dado que la posibilidad de diálogo con las principales instituciones del Estado se ha cerrado, están ahí, sin aprovecharse; ejemplo de ello son las del Grupo Nuevo Curso del Desarrollo de la UNAM, del cual nuestro actual rector, el Dr. Leonardo Lomelí forma parte.

Nuestro país cuenta con una enorme capacidad creadora. Lo que se ha negado es la posibilidad de potenciarla y hacerla crecer permanentemente en la excelencia. Eso, y nada menos, es lo que está en juego en esa materia.

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